Otra reforma más de la Justicia, y van...

No hay manera de dejar de escribir sobre el Ministro Gallardon, que tiene una incontinencia verbal digna de estudio (¿o será una táctica de propaganda para descentrar la atención de los ciudadanos de los graves problemas económicos de España?)
La última, por ahora, es la de del Proyecto de Ley de Reforma de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) que ha aprobado el Consejo de Ministros del pasado viernes para enviarlo próximamente al Congreso.

De ese Proyecto de Ley lo que menos me sorprende es el un nuevo incumplimiento del Programa Electoral del Partido Popular- como decía Tierno Galván las promesas electorales están para no cumplirlas cuando se llega al Poder-. Lo que realmente me ofende son los argumentos que se utilizan para justificar las nuevas ideas. En aquel Programa se proponía cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 Vocales del Consejo General del Poder Judicial, que pasarían a ser elegidos directa y exclusivamente por los jueces, y los 8 restantes, seguirían como hasta ahora, es decir, 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado.
Pero de lo dicho y escrito nada, ni me acuerdo de lo prometido. Ahora los 20 Vocales se eligirán por el Parlamento.

¿Cuál es la justificación del cambio de criterio? Sorprendansen señores: "despolitizar el Consejo"; ¿Cómo dice Sr.Ministro? Para despolitizar la elección de los Vocales el remedio es que los elijan los políticos. ¡Oh maravilla de país!, resulta que los políticos (diputados y senadores) aunque son precisamente políticos no están politizados, los que sí lo está son los jueces que iban a elegirlos... Les ahorro leer los adjetivos que me vienen a la cabeza para calificar esta justificación.

Otra gran idea del Ministro: sólo 7 de los 20 Vocales y el  Presidente tendrán dedicación exclusiva y los 13 Vocales restantes lo serán  a tiempo parcial. Seguirán en su trabajo profesional y se desplazarán al Consejo cuando hagan falta. ¿Qué hay debajo de esta propuesta? Respuesta muy simple: el reconocimiento de que los 20 Vocales no tienen atribuciones, tarea o trabajo que justifique su existencia, -lo que está más que demostrado por más que ellos digan lo contrario para justificar su pervivencia- y por eso lo razonable sería .sin más, proponer la desaparición de todo el  Consejo.

Además, ¿ quién va querer ser Vocal a tiempo parcial trabajando en el puesto judicial o en la profesión que se tenga, si lo bueno de ser Vocal es el sueldo exclusivo y las demás prebendas que el cargo lleva a aparejado? Nadie.

  

Los políticos -del signo que sean- lo que no quieren perder es el control del órgano de gobierno de los jueces, quieren que todo siga igual, y ni tienen la valentía de decirlo. Los políticos no creen en la división de poderes y, por si alguien no lo sabía, dejan claro que el llamado Poder Judicial independiente es un utopía, pues se trata del mero brazo ejecutor del Poder Ejecutivo.

Me reafirmo en lo que llevo diciendo muchos años: lo que procede es reformar la Constitución para suprimir el Consejo,  que  sus funciones pasen  a una Dirección General del Ministerio de Justicia (para hacer nombramientos no hacen falta 21 señores: se aplica el escalafón y no hay más problemas), como fue durante más de 40 años. Así, de paso, desaparecerán las asociaciones judiciales porque ya no tendrán el contenido que ahora las justifica.
Seguro que el ciudadano no nota el cambio, pues el funcionamiento de la Administración de Justicia seguirá igual de mal, pero al menos nos ahorraremos mucho dinero, ahora tirado en mantener aquel organismo inoperante y se evitarán, además, los espectáculos actuales de favorecer a los colegas amigos.  

El Registro Civil para los Registradores de la Propiedad

Hoy, por fin, entra en vigor la ley  reguladora de las nuevas tasas judiciales, después de que en el BOE del pasado sabado se publicase la nueva Órden del Ministerio de Hacienda que recoge los modelos para la autoliquidación (en España el ciudadano debe ser inspector de impuestos de sí mismo y, además de pagarlos, trabajar gratis para el Estado, liquidándolos; el lema podría ser: paga impuestos y trabaja).
Leo las declaraciones del Fiscal General del Estado donde con medias tintas considera que son excesivas, lo que seguramente le debió suponer un gran esfuerzo de comprensión.
De momento dejaré este tema, pero  lo que no puedo hacer es dejar de hablar del Ministro Gallardón: sin él no sé que sería de mi y de este blog.

Su última (por el momento) gran idea  es privatizar en parte el Registro Civil y colocarlo bajo el cuidado de los Registradores de la Propiedad, claro está, a cambio de una buena cantidad de millones de euros que los Colegios de Registradores entregarán al Estado. Pero como estos profesionales -al menos hasta ahora- no son hermanas de la caridad, si entregan esa cantidad  es poque a cambio tienen que recibir una contraprestación, que no es otra cosa que una nueva tasa que pagaremos todos los ciudadanos cada vez que hagamos uso del Registro Civil. Resumiendo, el Estado sigue con su afán de exprimir al personal sin dare cuenta de que pronto no habrá a quién exprimir porque todos seremos pobres.

Un poco de reciente hstoria es útil para hacerse un juicio sobre la cuestión. A primeros de este año (pido perdón por la autocita) publiqué una pequeña monografía sobre la nueva Ley del Registro Civil de fecha 21 de julio de 2011. Ley que fue aceptada y no recurrida por el Partido Popular y que,  entre otras particularidades, tiene la de que no entra en vigor hasta el mes de julio de 2014. Por lo tanto, la pretensión de Gallardón supone modificar una ley cuya vigencia aún no se ha producido, curiosa situación acorde con las peculiaridades españolas de cambiar o derogar leyes que aún no han entrado en vigor. En ese libro soy muy crítico con la ley porque se mueve en un mundo irreal que no tiene nada que ver con la realidad española.

Una de las particulariades de la Ley es crear un Registro Civil informático con entrega de una tarjeta a cada ciudadano en la que se recogería toda su vida registral (nacimiento, filiación, matrimonio, tutelas y defunción) con lo que bastaría con su utlización para obtener personalmente nuestros datos. Pretensión que califico de sueño (uno más) del legislador porque implica la existencia de algo que no hay: que todos los españoles usamos Internet y similares, lo que es notorio que no ocurre.

Otras dos novedades son: a) la desaparición de los actuales registros civiles (existentes en casi todos los municipios), creando un  sólo registro civil en cada capital de provincia (excepcionalmente podrían crearse dos o más), lo que para mi es un error pues en lugar de ayudar al usuario  complica su acceso; y b) colocar estos nuevos registros civiles a cargo o cuidado de un nuevo grupo de funcionarios (se piensa sobre todo en los secretarios judiciales). Es decir, ya no estarian los registros civiles a cargo de los jueces, idea que no me parece mal. Lo que no puede compartirse es que en lugar de utilizar esos nuevos funcionarios especializados, el señor Gallardon y su legión de asesores (bastantes jueces y fiscales) hayan decidido que el Registro Civil pase a  las generosas manos de los Registradores de la Propiedad o Mercantiles.

Para justificar su original decisión, el Ministro vuelve a las andadas (que ya critiqué hace meses) e invoca el mal momento económico por el que están pasando los Registradores (la misma justificación que se dió para el proyecto de atribuir a los Notarios actos civiles como separaciones o divorcios): menos compras de casas, menos escrituras y menos inscripciones en el regisro de la propiedad, es decir, menos ingresos. Que se sepa cuando estos dignos profesionales nadaban en la abundacia económica, que en ciertos casos era ofensiva, no les oí reclamar para si el registro civil. que ahora acpetan gustosos. ¿Es que el Estado tiene la obligación de manenerles su "status" económico? Me produce sonrojo leer a representantes de los registradores afirmar que  ellos son unos funcionarios como otros y que por lo tanto no tiene nada de especial que se hagan cargo del Registro Civil. Ah, ¿son ustedes funcionarios?, pues lo son muy especiales porque cobran por un arancel y no por una nómina mensual. ¿Es que van a reclamar que se les fije una nómina mensual y a pedir la supresión de los aranceles? ¿Qué retribución desean, la de un Juez de 1ª Instancia o la de un Secrario Judicial? Por favor un poco de seriedad y rigor.

Señor  Gallardon dediquese  a realizar lo necesario para que en julio de 2014 se aplique de verdad, como está previsto, la Ley del Registro Civil del 2011 y disimule un poco su afán de favorecer a determinados profesionales. ¿Se ha dado cuenta de que está ofendiendo al resto de los funcionarios públicos? ¿Es que no le ha parecido sufciente con castigar a los ciudadanos y a los abogados? ¿ Por qué no piensa en alguna ley para imponer la obligatoriedad de la presencia de abogado y procurador para cualquier actuación ante todos los organos de la Administración Central, Autómica,  Provincial y Local?
Esa si que sería una norma verdaderamente revolucionaria...

La Ley de Tasas (II)

Había prometido en mi anterior entrada referime a supuestos concretos de las tasas que el ciudadano va a tener que abonar cuando el Ministerio de Hacienda realice los correspondientes formularios. Como la jurisdicción penal queda fuera de la exigencia de tasas voy a centrarme solo en las tasas que hay que abonar en la jurisdicción civil.

Si usted pretende reclamar, por ejemplo, 3.000 € que  B le adeuda tiene que seguir los trámites del Juicio Verbal, y deberá abonar como tasa obligatoria 150 € más el  0,5%  de esos 3.000 € (la base imponible de la tasa es la cantidad reclamada), es decir abonará otros 15 € más. En total con su demanda deberá justificar el pago de 165 €, requisito necesario para que sea tramitada.
En este supuesto se produce una situación que la ley, en mi opinión, no ha resuelto: según dispone el art. 4, letra e), las demandas de juicio verbal están exentas de tasas si su cuantía es inferior a 2.000 €.  La duda es si el porcentaje del 0,5 de la base imponible se aplica sobre la totalidad de los 3.000 € reclamados, o los 2.000 € primeros no se computan y sólo se opera sobre los 1.000 € restantes. Nada explica la ley, si bien si se acepta la segunda posibilidad el porcentaje del 0,5 % sería sólo de 5 €, en lugar de 15 €.

La misma problemática se plantea con cuantías superiores, sin sobrepasar el tope del Juicio Verbal, que es la cantidad de 6.000 €. Las tasas serían: 150 € -que se exigen a todo juicio verbal superior a 2.000 €- y el 0,5% de los 6.000 €, que son 60 €; si entendemos que los 2.000 € primeros, estás exentos, el porcentaje del 0,5 %, sería sobre los 4.000 € restantes, es decir 20 €.

Si se apela la sentencia dictada en un Juicio Verbal, tendrá que pagar una tasa de 800€ (que sorprendentemente es igual para el juicio verbal que para la apelación del juicio ordinario, lo que carece de toda lógica y es desproporcionada) y además el porcentaje del 0,5 % de la cantidad que reclame. Cantidades que me parecen excesivas y que en caso de un recurso de casación pasarían a una tasa fija de 1.200 € , más el 0,5 % de la base imponible -que es a partir de 600.000 €, es decir otros 3.000€- Recurrir en casación, por tanto, supone como minimo una tasa de 4.200 €.

Cuestión importante que no aclara la ley, es qué sucede si mi demanda es estimada, es decir, si me dan la razón - en el ejemplo anterior se condena a B a que me abone los 3.000 € que me debe-. ¿Me reintegraran las cantidades abonadas como tasas, o pierdo esa cantidad aunque me hayan dado la razón? En la ley nada se dice. Sin embargo,  su devolución se puede reclamar en base al art. 241, nº 7 de la LEC , siempre que en  la sentencia haya condena en costas al que ha perdido el litigio, si no es así no se recuperan las tasas.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿con las tasas nuevas el ciudadano va a tener mejor justicia, más rápida  y eficaz ? Mi respuesta es que no sea usted iluso: todo seguirá igual o peor. 

La Ley de Tasas (I)

El BOE del día 21 de noviembre publica la Ley 10/2012 que regula determinadas tasas en el "ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses". Tal publicación ha generado un clamor mayoritario de los ciudadanos (incluidos en ellos los profesionales: jueces , fiscales y abogados) contra la Ley, siendo escasos sus partidarios, básicamente el Ministro de Justicia y los políticos del Partido Popular.
En una de mis primeras entradas criticaba una intervención pública del Ministro Gallardon, con ocasión de un proyecto de ley de regulación de la llamada Jurisdicción Voluntaria, para justificar la atribución a los notarios de funciones judiciales. No se le ocurrió mejor argumento que recordar la mala situación por la que atravesaban esos profesionales del derecho, consecuencia de la caída de las hipotecas y de la constitución de sociedades, que eran los actos jurídicos en los que con mayor frecuencia intervenían y de los que obtenían principalmentesus ingresos. Así, para que pudiesen hacer frente a esa mala racha económica, que mejor solución que atribuirles la competencia para conocer de divorcios y separaciones, labor tradicionalmente atribuida a los jueces. Como el argumento me parecía aberrante lo rechazé por los argumentos allí expuestos.

Ahora el señor Gallardon da una prueba más de su incompetencia (¿ pero es verdad que este señor aprobó las oposiciones de fiscal?) con esta ley de tasas que no resiste el más mínimo argumento a su favor. Explicaré en síntesis mi postura en ésta y en la próxima entrada.
Durante años, los sucesivos Gobiernos se han dedicado a incrementar geométricamente el número de jueces con el argumento de que a mayor número de jueces menor retraso y mayor agilidad en la resolución de los litigios, finalidad que sólo se consiguió en parte, lo que demostraba que no era un problema de números o de cantidad de jueces, sino de leyes adecuadas y, sobre todo, de productividad judicial. Si el legislador sueña que subiendo las tasas la justicia española va a ser modélica ya puede ir despertando de su sueño, porque en el fondo nada va a cambiar.

Si se tiene el buen humor de leer las cuatro páginas y media del Preámbulo de la Ley, no puede uno dejar de pensar que el legislador, los políticos que la propusieron y los "técnicos" que elaboraron su borrador, estaban de broma o consideran que los ciudadanos en general no pensamos. Nunca he visto una mayor colección de tópicos para jusitificar lo que sólo tiene una explicación o justificación: la necesidad de sacar dinero  de donde sea: primero fue subiendo el IRPF, después reduciendo el sueldo a los funcionarios, luego aumentando el IVA y ahora, como remate, subiendo las tasas judiciales a importes imposibles para la mayoría de los actuales litigantes.

No hemos dado importancia -que la tiene como ejemplo del modo en que se legisla en este país- al hecho de que la Ley, que tenía que haber entrado en vigor el día 22 de noviembre, no ha podido hacerlo porque no hay en los miles de juzgados y tribunales de España los modelos de liquidación, que debe aprobar el Ministerio de Hacienda, imprescindibles para ingresar  las tasas. ¿Qué ocurre ahora con la Ley? ¿ha entrado o no en vigor, ¿va a tener efectos retroactivos este olvido?, ¿ha dimitido alguien -empezando por el Ministro- ante esta falta de previsión?. 

En mi próximo comentario examineré la incidencia real de este incremento de tasas y su repercusión en el art. 24 de la Constitución

Sobre la reforma de la legislación de desahucios

El suicidio de varias personas con ocasión de la ejecución de  desahucios por impago de prestamos hipotecarios ha generado un movimiento social en contra de la legislación vigente sobre la ejecución de las hipotecas.
El Gobierno, de acuerdo con la oposición, ha creado una Comisión de seis expertos para que propongan las soluciones al gran número de ejecuciones que en los últimos años están produciendo. Sin embargo, no va a ser fácil que esa Comisión encuentre una salida que respete la seguridad jurídica y que no de lugar a más problemas de los que ya hay.
En todo caso, creo que la solución que se proponga tiene que tener en cuenta los siguientes presupuestos que son de dificil, cuando no de imposible, conciliación:

a) La seguridad jurídica, principio inexcusable en todo Estado de Derecho, impone conocer en cada momento las normas que rigen una concreta relación jurídica. No parece sencillo cambiar las reglas de una situación en la mitad de la misma. Si acreedor (banco) y deudor (desahuciado) pactaron libre y voluntariamente unas determinadas condiciones de su prestámo hipotecario, no es de fácil justificación cambiarlas por la mala situación personal del deudor. Salvo que se acredite que alguna de esas condiciones o cláusulas eran abusivas a favor del acreedor, alterar por un tercero -el Gobierno- las normas pactadas entre las partes de un contrato produce una inseguridad jurídica que va a provoca el efecto no querido: encarecer o reducir aún más los prestamos.

b) Alterar la responsabilidad del deudor hipotecario implica modificar la responsabilidad universal del deudor que consagra el artículo 1911 del Código Civil. Precepto que supuso un gran avance en cuanto establecía una mayor garantía para el acreedor pues su deudor responde con lo que ahora tiene y con lo que tenga en el futuro. Cambiar esta regla supone invertir la regulación y favorecer al deudor que incumple, con lo que nuevamente volvemos al riesgo anterior: el acreedor -banco- no querrá prestar ante el riesgo de no recobrar lo prestado o exigirá mayores garantías al deudor. La única solución razonable sería establecer una limitación al art. 1911 del Código Civil en los casos de prestámos hipotecarios sobre vivenda habitual, de forma que, con una tasación real de la misma, el valor de lo prestado sea como máximo el valor de tasación, que actuará como limite de la responsabilidad del deudor.

c) Me parece clara la exigencia de actualización de la normativa civil en materia de ejecuciones hipotecarias( Ley Hipotecaria , ley de Enjuicimiento Civil  y ley Concursal) pero siempre teniendo presente que  no es justificable  proteger al deudor que incumple sin causa que lo justifique. Por tanto, hay que precisar con exactitud las causas que justifiquen ese incumplimiento y nunca establecerse con efectos retroactivos.

d) Una solución muy razonable sería conceder al Juez de la ejecución hipotecaria la facultad de alterar los términos del contrato de prestámo en atención de las circunstancias de cada deudor. Por ejemplo, si la cuota mensual que el deudor asumió paga era de 600 € al mes y sólo puede pagar 100€, que el Juez pueda modificar esa cuota en razón de las posibilidades reales de  cumplimiento por el deudor. Pra el acreedor -banco- será mejor recibir menos cuota, aunque durante más tiempo, que quedarse con la vivienda que incremetará su pasivo

e) En definitiva, la solución que proponga esa Comisión de Expertos no puede consistir, de nuevo, en socializar las pérdidas, es decir, que el incumplimiento del deudor hipotecario al final lo paguemos todos los contribuyentes, via ayudas a la banca o cualquier otra vía que se les ocurra. Cada uno debe responder de lo que ha asumido cumplir, sin perjuicio de que se den facilidades para el cumplimiento. Lo que no me parece admisible es que el deudor incumplidor al final reciba mejor trato de quien ha cumplido con sus obligaciones.

Volveré sobre el tema cuando se conozcan las propuestas de la Comisión de Expertos

Preguntas sobre la situación económica de Asturias

Las noticias cada vez más alarmantes sobre la situación económica de Asturias se suceden. Hoy sábado se nos da la última:  se acude al fondo de rescate creado por el Gobierno nacional para suavizar la quiebra real en que están todas las autonomías porque no hay dinero para pagar las deudas pasadas y menos para inversiones futuras. Pero en ningún sitio he visto que se exija responsabilidades a los causantes de esta situación, lo que no me sorprende porque es el mismo esquema que hay a nivel nacional.

No he visto todavía que se haya exigido responsabilidades a  Rodriguez Zapatero, culpable máximo de no reconocer la existencia de la crisis y adoptar medidas para remediarla y que como premio a su insuperable actuación recibe un sueldo vitalicio como Consejero de Estado, o a Solbes,  Ministro de Eonomía consentidor de todas las locuras del anterior (me lo imagino feliz y con cara de sueño contemplando la situación y cobrando varias pensiones al mismo tiempo y de varios consejos de administración), o a la señora Salgado sucesora en todas las responsabilidades del anterior, o al señor Rubalcaba.... y así hasta el infinito.

Si de lo nacional bajamos a lo asturiano me pregunto cuando se van a pedir responsabilidades al señor Areces y a todos los que han vivido a su sombra. o cuando se nos van a decir con exactitud los costes reales de la ampliación del Musel,  de las obras de la Gasificadora, de la Universidad Laboral, o de tantos Museos creados para exponer dentro de sus muros el vacio más inmenso.

¿Pero no nos habían dicho que CajAstur era una verdadera potencia económica nacional? Pues resulta  que no lo es tanto y ahora necesita mucha ayuda, parece que no es oro todo lo que reluce.

¿Para cuando la supresión de organismos públicos carentes de contenido como son el Consejo Consultivo, la Sindicatura de Cuentas, la Procuradoría o la RTPA? ¿Para cuando la exigencia de responsabilidad al alcalde anterior de Oviedo por el nuevo Tartiere, el Calatrava o la estación del Vasco?.

¿Cuando el señor Rector nos va a decir la verdad sobre " los exitos" de su plan de excelencia que con tanto alboroto y emoción nos vendió? ¿Hay alguna nueva gran inversión además de la realizada en tres boyas de la plataforma  experimental marina?; ¿Nos va a explicar lo conseguido con su plan de rejuvenecer el profesorado -que curiosamente no se lo aplicó a él- y el avance conseguido dejando ir a su casa a profesores con 60 años con el sueldo íntegro y sin trabajar?.

No tengo duda, de que no habrá respuesta para  estas preguntas -y mil más que se hagan-.
En una democracia como la española, el ciudadano  tiene derecho a preguntar pero no puede exigir que se le responda. 

¿Cuando se va a hablar claro de las pensiones?(II)

     Como apuntaba en mi anterior entrada, la razón última que se invoca para no subir las pensiones es muy simple: no hay dinero para ello porque -se dice- el número de cotizantes es cada ver menor, ya que se está produciendo un doble fenómeno con dos caras excluyentes:  por un lado, menos gente trabaja y por tanto menos cotizaciones ingresan en las cuentas de la Seguridad Social; y, por otro, cada vez es mayor la esperanza de vida del ser humano, por lo que aumenta el número de potenciales pensionistas. El resultado final es indiscutible: a menos ingresos por cotizaciones con mayor número de acreedores pensionistas, las pensiones o se congelan o se reducen. Pero esta conclusión que aparentemente es cierta, parte de una base que se considera inamovible cuando no lo es.

      En efecto, la situación deficitaria de las cuentas de la Seguridad Social arranca de la idea que un buen día  tuvieron los políticos hace años de separar las cuentas del Estado de las cuentas de la Seguridad Social, para que estas últimas funcionaran autónomamente, de forma que las pensiones se pagarían con  los ingresos por cotizaciones. Mientras el número de cotizantes fue alto no surgieron prolemas. Incluso el gobierno de Aznar creo el Fondo de Pensiones, denominado " hucha", el que  en teoría se irían acumulando fondos para que en caso de que las cosas cambiaran poder pagarlas. Ello, en realidad, era falso porque con tal Fondo sólo se puede hacer frente a las pensiones de un año.

      La solución es fácil: la vuelta a la situación inicial, que el Estado vuelva a garantizar las pensiones de todo pensionista (me remito a lo indicado en mi anterior entrada sobre las pensiones de los funcionarios o clases pasivas). ¿Cómo? Pues de la única manera posible, es decir, gravando con nuevos impuestos a los que más ingresos tienen. Pero sobre todo gravando a las rentas del capital y no como hasta ahora a las rentas del trabajo. Si no hay dinero en estos momentos en las cuentas propias de la seguridad social para garantizar las pensiones y para actualizarlas con el IPC real, se suben los impuestos en la medida necesaria para hacer frente a ese gasto. Si no se hace es porque realmente no se quiere hacerlo. Y como complemento del incremento de impuestos se reducen los gastos corrientes del Estado (en su sentido amplio: estatal,Comunidades Autómomas, Ayuntamientos) cosa que no se ha hecho después de casi un año de gobierno del señor Rajoy.

  ¿Cuantas empresas públicas innecesarias se han suprimido? Cuatro de 89 que se decía sobraban. ¿Cuantos organismos innecesarios siguen existiendo? Como ejemplo de organismos suprimibles acabo de leer la existencia de la Camara de Cuentas de la Comunidad, que tiene 7 miembros con buen sueldo y coche para cada uno de los Vocales y ha realizado en 2011 un total de 11 Informes. ¿Y para cuando ponemos fin a puestos como el defensor del ciudadano, defensor del universitario, del anciano, consejos  consultivos, etc.etc. ¿Quién dijo que no se puede ahorrar más en gastos públicos corrientes?

Lo cierto es que se puede ahorrar mucho más de lo que uno se imagina, pero hay que querer hacerlo realmente.      

¿Cuando se va a hablar claro de las pensiones? (I)

No hay día en que no se hable de las pensiones. Ayer uno de los Comisarios de Bruselas ha vuelto a inistir sobre el retraso en la edad de la jubilación  e insta al Gobierno a que de una vez la fije en los 67 años. Edad de jubilación que según las previsiones que hizo el señor Zapatero sería en el año 2027, lo que era una auténtica tomadura de pelo y que casi nadie criticó.
La cuestión de las pensiones -las del ciudadano de a pie, no las de los banqueros o las de los políticos- es un tema muy serio, que tiene muchas ramificaciones y que exigen mucho espacio para exponerlos.
Hoy quiero empezar planteando alguna de ellas; las que pasan silenciosas , pero que son importantes:

1ª- ¿Porqué cuando se habla de pensionistas se incluyen en el mismo apartado a quiénes han sido trabajadores por cuenta ajena y por lo tanto han cotizado (ellos y su empresa) a la Seguridad Social y a los funcionarios públicos, que no han cotizado a la Seguridad Social sino que su pensión es abonada por el Estado en cuanto que el funcionario cuando se jubila pasa a formar parte de las Clases Pasivas del Estado?. Cuando se habla de que hay riesgo de que el dinero para las pensiones existente en las cuentas de la Seguridad Social no alcance para pagar las actuales y las futuras ¿ e quiere incluir también en ese riesgo a las Clases Pasivas? Si la respuesta es afirmativa, la conclusión es evidente: el que está en quiebra es el Estado, que no puede pagar las pensiones a sus funcionarios jubilados, lo que si es verdaderamente preocupante.

2ª- Otra pregunta, ¿tiene sentido este trato igualitario? Mi respuesta es clara: no. Y además es un error. Un ejemplo: en la Ley General de la Seguridad Social, en el art. 162.2, a quien se jubile después de los 65 años y tenga cotizados más de 15 años, se le reconoce un incremento del 2 o 3% por cada año que siga en activo después de cumplir los 65 años. A mi que me voy a jubilar el 31 de este mes de octubre con 70 años, y con 48 años y dos meses de funcionario público, no me van a dar nada, por haber trabajado cinco años más después de los 65 y además me aplican el mismo tope máximo en el importe de la pensión, de modo que es igual que haya trabajado, 35, 40, o 48 años, no recibo ningún incentivo. ¿Tiene lógica un sistema que da lugar a estos resultados?

3ª.- Si es evidente que ahora las personas viven más, ¿no sería más logico fomentar que cada uno eligiese la edad de jubilación, primando a quien siguiese trabajando, por ejemplo reduciendo su impuesto de IRPF?

4ª.- Me avergüenza que los políticos presenten como un logro incrementar las pensiones un 1%, que  en la mayoría de los casos supone  menos de 10€ al mes, cuando el IPC que se reconoce (el real ni se sabe) va a ser del 3,5, por lo que de incremento real nada e nada ¿Por qué no se declaran exentas del IRPF todas las pensiones? Ese si que sería un incremento real de las mismas.

5ª- Me gustaria que alguien me justificase razonablemente por qué están exentas de ese impuesto las pensiones que se reciben por Invalidez Permanente Absoluta, cuando pueden llegar a ser igual o superiores a una pensión de jubilación y éstas, en cambio, no lo están.

6ª Por último -de momento- ¿cuándo algún Gobierno de este país va a reformas de verdad las Pensiones de  Viudedad? No les cae la cara de vergüenza  no encontrar nunca -llevo 40 años oyendo que se va hacer- el momento oportuno para de una vez equiparar la base reguladora de esa pensión con la que tenía el cónyuge fallecido. ¿Cómo podemos olvidarnos de las personas que reciben pensiones de viudedad miserables, en una economía que se creía jugaba en la "Chanpions League"? ¿ Dónde están los Sindicatos que no les oigo clamar contra esa lamentable situación? Han quedado mudos desde hace mucho tiempo.
Decir que no hay dinero para  las pensiones es buscar una excusa para quienes no quieren solucionarlo.

Ya  les indicaré donde se puede encontrar en los Presupuestos del Estado el dinero suficiente para ello. Sólo hay que cortar y cortar y redistribuir.

El Ministro Gallardón quiere la guerra judicial.

Cada día que pasa, el señor Alberto Ruiz Gallardón me sorprende con su nível de incompetencia. Nada más tomar posesión de su cargo -hace nueve meses- inició su gestión hablando de la inminente Ley de la Jurisdicción Voluntaria, de la que todavía está en vigor parte de su regulación, que es de la antigua Ley de Enjuicimiamiento Civil del  3 de febrero del año 1881 (sí ha leido usted bien, amigo lector, es de hace 132 años)  

Su  mayor novedad es atribuir competencia para las separaciones y divorcios a los Notarios y, para justificar esa medida , al señor Ministro no se le ocurre mejor justificación que la mala racha económica que estas pasando estos profesionales como consecuencia de la crisis, que disminuye las hipotecas que realizaban con el "boom imobiliario": así tendrán mas ingresos. Semejante argumento califica a quien lo invoca; ¿Es que los Abogados y otros profesionales no han visto disminuidos sus ingresos? Pues hagamos otra ley para que todo asunto que exista requiera la intervención obligatoria de estos profesionales.

Otra de sus brillantes ideas , es la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles -por supuesto, era urgentísma, había miles de manifestaciones de juristas que la pedían-,  que es el enésimo intento de sustraer asuntos de la Administración de Justicia. Los políticos no se han enterado de que los ciudadanos quieren que sus conflictos se los resuelva un juez profesional, razón por la que el arbitraje (que persigue lo mismo) tiene escasa incidencia en la reducción de asuntos en los Tribunales y lo mismo va a suceder con la mediación. Se legisla para nada útil y real.

No contento con estas ideas, el ministro de Justicia (posiblemente para distraer la atención de la situación económica del pais) ha decido entrar a saco en la Ley Orgánica del Poder Judicial,  que es indiscutible que tiene muchos aspectos que hay que cambiar. Sin embargo, quiere cambiarla sobre todo en relación con dos cuestiones muy importantes:

a) La composición del Consejo General del Poder Judicial y la elección de sus miembros. He defendido toda mi vida profesional que si se mantiene ese organismo (que para mi es un organo claramente político y como tal sobra y en la futura  y proxima revisión de la Constitución, que no hay más remedio que hacerla, hay que suprimirlo), la verdadera reforma consiste en que los Vocales se elijan exclusivamente por los jueces, sin intervención de Parlamento, Senado, ni Asociaciones Judiciales. Que esté formado por menos número de Vocales -por favor que me digan que hacen los 20 Vocales actuales, salvo cobrar e intrigar en los nombramientos para Presidencias de Tribunales Superiores y nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo. Ofende al sentido común comprobar los sueldos actuales que perciben en el Consejo. Acabo de leer los que figuran para el Presidente y Vocales en los Presupuestos para el año 2013, son una provocación para todo ciudadano y para los propios jueces ¡Qué se haga público el sueldo de un juez de instancia en su destino en un pueblo¡ Ministro , por favor, no nos ofenda más con sus propuestas, ¿qué es eso de Vocales a tiempo parcial, quién va a querer serlo, cómo se va a llevar bien un juzgado y al mismo tiempo ser Vocal del Consejo?; ¡ Pero que asesores tiene este ministro!

b) La otra gran novedad consiste en cambiar todo el estatuto personal del juez, suprimiendo permisos para asuntos propios, reduciendo, vacaciones, ampliando la obligación de hacer sustituciones de otros jueces, etc. ¿Serían tal amable el señor  ministro o sus asesores de indicarme cuál es la relación directa -causa/efecto- entre esos cambios y una mejora de la Administración de Justicia. ¿Dónde ha comprobado experimentalmente que  con menos permisos a los actuales, más sustituciones, etc, se va a mejorar la rapidez y eficacia de la Justicia? Exijo que  no nos sigan ofendiendo. ¿Qué urgencia hay en afrontar estos cambios? Ninguna, solo fines de propaganda y la más burda demagogia, atacar a los jueces para dar tema de entretenimiento a los ciudadanos.

El señor Gallardón será Fiscal por Oposición, pero muy pocos dias ha ejercido su actividad. Si lo hubiera hecho no tendría la ignorancia inconmensurable que demuestra en estas cuestiones, que parece conocer de oidas o estar mal asesorado.

No debería sorprenderme , es lo mismo que sucede con la mayoría del equipo de Gobierno del  Sr. Rayoy:  muchos abogados del Estado y muchos técnicos comerciales del Estado. Pero escaso conocimiento de la realidad del país, cuyos problemas se tratan de resolver con propuestas irrealizables.

¡Buen futuro nos espera a todos los ciudadanos con estos gobernantes!

Regreso a la realidad

Después de casi dos meses de silencio, vuelvo con nuevas fuerzas a esta dura realidad personal y nacional. En lo personal destacaré que la Universidad no ha perdido ni un segundo para poner fin a la cuenta de correo electrónico que en ella tenía y, por otra parte, sigo a la espera de la celebración del juicio para examinar mi demanda contra la negativa del Rector a mi reingreso al servicio como Catedrático de Derecho Civil. Actuación que me priva de la posibilidad de seguir en activo hasta el 31 de agosto de 2013 con la consiguiente perdida económica que se deriva de ello, ya que desde el 1 de noviembre pasaré a ser pensionista. 

En lo judicial sólo me queda un mes y medio de poner sentencias pero como creo estar en buen estado físico y psíquico mi intención es pasar a ejercer  como abogado en el Despacho de mi hija Lucía (Serrano Abogados), para lo cual debo de darme de alta en un Colegio de Abogados. Confío en tener suerte, poder estar ocupado utilizando mis conocimientos y, si es posible, tener alguna ayuda que complete la "hermosa y generosa pensión" que percibiré después de casi 49 años de servicios al Estado.

Durante estos días he logrado convencerme de que hay otra vida fuera de la Universidad y de la Administración de Justicia y que nadie me echará de menos, al contrario muchos se alegrarán de perderme de vista.  Y tampoco me acordaré mucho de ellos (de las personas y de las Instituciones) y tengo el firme proposito de mirar para el futuro, olvidar el pasado y, sobre todo, ser útil y evitar ser una carga para los más próximos.

En lo que se refiere a la situación nacional, ayer me sometí a la tortura de ver y escuchar la entrevista con el Presidente Rajoy; ¿Cómo puede este señor estar al frente de este país? ¿Cómo es posible estar 50 minutos hablando sin decir nada? ¿ Y que decir de los periodistas que son en principio solventes y se prestan a formar parte de esa pantomima?¿ alguien puede confiar en una persona que no responde a lo que le preguntan y coloca al oyente el "sermón" que trae preparado de casa? . Si hay alguno que confie que luego no se queje.

    Conclusión : el mes que viene rescate, subida de impuestos , congelación de pensiones y sueldos, e independencia para Cataluña y el Pais Vasco 

Rajoy y su gobierno nos aseguran un verano " feliz"

Ya no sabe uno que pensar de estos señores que nos gobiernan, que en poco o nada se diferencian de los "chicos" de Zapatero. Acabo de escuchar al ministro Montoro animar a los funcionarios porque la paga "de Navidad" que pierden la van a recuperar como Plan de Pensiones en el 2015. ¿Ah sí?, ¡no me diga!. Y ¿como lo van a lograr los que se mueran antes? Y dígame, ¿va a ser con intereses, con o sin IVA? ¡Por favor, un respeto  a los ciudadanos en general y a los funcionarios en particular! 

¿Y que me dicen de la eliminación de la " productividad"? ¡Pero si en la Administración de Justicia hace dos años que no la abonan! Me resulta increible ver en qué manos estamos. ¿Para cuando prohibir que Zapatero -y otros- sigan cobrando dos sueldos públicos (como exPresidente y como Consejero de Estado)? A los demás bien que nos limitan el sueldo y la cuantía de las pensiones futuras. ¿Para cuando la supresión de órganos autónomicos como Consejos Consultivos, Sindicaturas de Cuentas y Defensores del Ciudadano? ¿No quieren aligerar la Administración? Pues a qué esperan para empezar.

¿Y que me dicen del espectáculo del Consejo General del Poder Judicial? Sin palabras estoy. Dicen que han examinado hasta 30 candidatos y no encuentran uno idóneo. Les doy un nombre: que elijan a Dª Margarita Robles -experta política (con Belloch) e intrigante muy especializada- que en realidad todo lo que promovió contra Divar fue "pro domo sua". Y si no, que no haya Presidente del CGPJ, no pasa nada , pues la Justicia es díficil que vaya a peor. Lo digo después de una experiencia de 48 años: ¡no tiene arreglo!

¿Qué nuevas sorpresas tendremos este duro verano? 

Todo sigue igual

Después de varios días de silencio, vuelvo a esta columna de actualidad y veo que todo sigue igual. La crisis económica sigue imparable, el Gobierno no dice la verdad, cambia de criterio continuamente y busca soluciones (?) fáciles consistentes en hacer pagar a los ciudadanos más impuestos, más medicinas y rebajar a los funcionarios  sus salarios. 

No parece que las ideas brillen porque siempre se llega a la misma solución: desplumar al que no puede protestar.

Nadie se acuerda de recortar gastos, ni de exigir responsabilidades a los anteriores gobernantes: ¿que responsabilidad se exige a Zapatero, Solbes y Salgado? Ninguna. Mientras tanto, tenemos que soportar  que Zapatero acumule dos sueldos mensuales de 6.000 € como Consejero vitalicio del Consejo de Estado y como ex-Presidente del Gobierno. ¿Pero no habíamos quedado que no se podían percibir dos sueldos públicos? ¡Ah! que eso solo es para ciertas personas, como fue mi caso, que siendo Catedrático de Derecho Civil por oposición y Juez, fui lanzado a la calle en una de ellas, sin indemnización alguna.

¿Qué país es este que mantiene prebendas vitalicias y organismos sin sentido donde se cobijan ex-politicos y amigos? Es urgente cortar de raíz tanto organismo innecesario a nivel estatal y autónomico: Consejo de Estados, Consejos Consultivos, Defensores de los Ciudadanos, Tribunales de Cuentas, asesores inumerables e incontables. Cada día se hace más imperiosa la necesidad de un golpe ciudadano de protesta colectiva, para exigir responsabilidades reales a los que antes y ahora debieron cuidar de los intereses colectivos.

¿Y qué decir del Consejo General del Poder Judicial? A Divar le obligan a irse por hacer lo mismo que han venido haciendo todos los Vocales del Consejo desde el año 1985, sin que nadie hubiese protestado. Menos mal que las penas con pan son más llevaderas y que seguirá cobrando durante dos años su sueldo. Por otra parte, no tengo palabras para expresar lo que me sugiere el espectáculo del Presidente en Funciones, ¿cómo puede la carrera judicial tener a este personaje a su frente, aunque sea durante poco tiempo?

Hay momentos en que me alegra pensar que es poco el tiempo que me queda por soportar esta situación de los organos de representación de los jueces.

Derecho a la huelga y cumplimiento de la ley

Lleva Asturias varios días en los que se suceden los conflictos laborales -huelga de la minería y del transporte por carretera- en los que entran en permanente colisión los derechos de los trabajadores y los del resto de los ciudadanos, que contemplan incredulos cómo la autoridad competente no hace cumplir el mandato de las leyes. Sorprende que ante imágenes como la de un antiguo y eterno lider sindical minero prendiendo fuego a una barricada en una autopista -con el consiguiente daño tanto a las personas que por allí circulaban, a las que se les impide llegar a su destino, como a la propia calzada, que sufre graves deterioros que abonaremos entre todos- nadie haya tomado la decisión de aplicar la ley. En concreto, me refiero al Delegado del Gobierno en la Comunidad y al Fiscal Jefe, porque ambos debieron actuar porque se estaba -y sigue así- cometiendo un delito de desordenes públicos que está previsto en el art. 557.1 del Código Penal. Es un delito público -cuya existencia no pueden desconocer dada su publicidad- que tienen la obligación de denunciar y perseguir. ¿Hasta cuando vamos a seguir así?

España es un país peculiar que se caracteriza por sus contradicciones básicas; así sucede con el ejercicio del derecho a la huelga, que está reconocido como derecho fundamental en el art. 28.2 de la Constitución -que es del año 1978- y sin embargo su  regulación está en  un RDL de 4 de marzo de 1977, es decir, se regula por una norma anterior a la propia Constitución. ¿Qué ocurre para que en 34 años de vigencia de la Constitución ningún Gobierno haya sido capaz de promulgar una ley que regule de forma ordenada -contemplando los derechos de los trabajadores y los del resto de los ciudadanos- el derecho de huelga?   

Consejo General del Poder Judicial: supresión o modificación

Vuelve a estar de actualidad el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ahora son los gastos de  los viajes de su Presidente en días que no parecen  fuesen muy propicios para desarrollar en ellos actividades oficiales. Acabo de escuchar y ver las declaraciones de José Carlos Divar para tratar de poner fin a las imputaciones de malversación de fondos públicos que desde distintos medios se le hacen; me ha causado una  impresión penosa, no ha aclarado nada, y es su palabra la que hay que aceptar (presunción de inocencia) porque no ha aportado pruebas objetivas que disipen dudas acerca de qué gastos ha abonado de su bolsillo y cuáles lo fueron a cargo de los presupuestos del Consejo.

Conozco a Divar desde el año 1968 -somos compañeros de promoción en la Carrera Judicial- y debo resaltar dos cosas:
 a) Mi sorpresa cuando fue designado o elegido, hace 3 años y medio, Presidente del CGPJ por acuerdo (el dedo mayestático) de los señores Zapatero y Rajoy, pues nunca  hubiese imaginado peor decisión por ser la persona más inapropiada para el cargo (sería curioso y sorprendente conocer los motivos por los que aquellos dos caballeros optaron por él para puesto tan delicado); pero lo que si sé es que no fue por sus relevantes méritos jurídicos, ni por su especial relevancia en la Carrera Judicial.
b) No creo que de forma consciente se haya aprovechado ni abusado de los gastos a cargo del presupuesto del Consejo, y si lo ha hecho lo ha sido en la misma medida que estoy seguro lo han hecho los restantes 20 Vocales de dicho organismo. La razón por la que ahora sale a la luz pública una forma de actuar que todos sabemos ha sido la habitual es un misterio que el Vocal denunciante debería explicar públicamente.

Cualquiera que haya tenido alguna relación con el CGPJ, por mínima que sea, sabe perfectamente que la Administración de Justicia no necesita para nada este organismo que los redactores de nuestra Constitución copiaron, mal, del Consiglio de la Magistratura italiana.

Hablo con conocimiento de causa, pues para mi desgracia he tenido frecuentes tratos, discusiones y recursos con este Consejo -y con varios de los que le han precedido- y puedo asegurar públicamente que ninguno de sus miembros ha sido acreedor a la medalla al mérito en el trabajo y que para las funciones que realiza no hacen falta tantos vocales ni tanto aparato administrativo, quedando el mérito y capacidad, por otra parte, siempre olvidado en todas sus actuaciones.

En realidad sus funciones relevantes se reducen a dos: 1) nombramientos de cargos judiciales, 2) inspección de los juzgados y tribunales. Ambas tareas eran realizadas antes por una simple Dirección General del Ministerio de Justicia, sin que se hayan apreciado especiales logros para la Justicia y el justiciable que justifiquen el mantenimiento de ese organo constitucional. Tal como está configurado en la actualidad, no sirve para otra cosa que para dar satisfacción a los políticos de turno y para que puedan medrar determinadas personas que no lo lograrán por su esfuerzo personal. 

Se me dirá que estando previsto en el artículo 122. 2 de la Constitución no hay más remedio que seguir padeciéndolo, a lo que respondo que lo mismo que en septiembre del año pasado se modificó por "via express" el art. 135, sin acudir al procedimiento previsto en la propia Constitución para su modificación, puede hacerse lo propio con el CGPJ, por ejemplo para reducir sus miembros, al no tener sentido su actual composición de un Presidente y 20 Vocales. Y, en todo caso, lo que hay que cambiar es el  procedimiento de elección de sus miembros establecido en el artículo 112 de la actual LOPJ del año 1985 (modificada en varias ocasiones) para excluir la intervención del Congreso y del Senado, causa principal de su notoria politización.

Por ejemplo, ¿por qué no se acude para su elección a un criterio de antigüedad entre Magistrados del Tribunal Supremo, Magistrados y Jueces , con lo que las tres categorías de miembros de la Carrera Judicial estarían representados?

Y no estaría nada mal que ahora que se habla tanto de "transparencia" se hiciesen públicas las retribuciones  reales- no las que aparecen en los presupuestos generales del estado- tanto de los Vocales como de los que forman parte de su extensa burocracia para así poder realizar una comparación con la que perciben aquellos a los que presumiblmente deben servir.
Seguro que la sorpresa sería incomensurable y los agravios inaceptables..

La Universidad que dejo (II)

Tuve que impartir varios planes de estudios, desde el del año 1953 -que me pareció siempre un buen punto de partida que había que mejorar suprimiendo o modificando el contenido de algunas asignaturas- pasando por otros de vigencia escasa y que eran fruto del personalismo de los Decanos, que querían pasar a la historía como los creadores del plan de estudios definitivo aunque fuese a costa de volver locos a los alumnos, enfrentados a la absurda labor de superar cursos con 16 asignaturas (qué es fácil imaginar cómo se impartían) y cuando parecía que el sentido común llegaba, se alcanza el "no va a más" con  el llamado Plan Bolonia o espacio europeo de la enseñanza superior, donde se culmina el caos de la Universidad española; que por cierto, una vez más da pruebas de su "paletismo docente" al ponerse en primera final para adoptarlo cuando ni en Italia (paradoja de Bolonia) ni en Alemania se sigue ese plan de estudios.

He sido opositor total al plan Bolonia, al menos en la enseñanza del derecho. Estoy convencido de que el alumno sale peor formado que con cualquier otro plan de estudios y que con él se ha degradado lo que yo entiendo por  función y misión del verdadero profesor universitario. No he conseguido aún que nadie me explique de forma satisfactoria las ventajas del mismo en relación con el espacio común europeo; ventajas que para mi son imposibles de alcanzar desde el momento que cada uno de los países de la UE conservan su derecho -público y  privado- propio. 

El profesor pasa a ser un " tutor del alumno", al que procurará tratar con delicadeza para que con la mayor facilidad pueda superar la asignatura; para no imponerle grandes esfuerzos se le evaluará de forma continuada, al tiempo que la llamada "clase magistral" pasa a tener una función subsidiara o marginal. Como el legislador es consciente de que con ese sistema de enseñanza la formación que el alumno alcance va a resultar muy limitada, se institucionaliza completar los estudios con algún tipo de Máster, sin el cual no se podrá ejercer determinadas profesiones jurídicas, como la de abogado; no puedo imaginar cómo se van ordenar los sistemas de acceso a profesiones jurídicas en las que hasta hora la exigencia de un Programa - notarios, registradores, jueces, abogados del Estado, etc- suponía una preparación básica que ahora no se alcanza.

Espero equivocarme, pero no puedo evitar contemplar con pesimismo el futuro de una institución esencial para un país, como es la Universidad. Posiblemente sea una manfiestación más del cambio global que estamos viviendo en la sociedad española, a la que sólo un milagro de autocrítica y sentido común pueden poner en el camino correcto.

La Universidad que dejo (I)

Después de 48 años dedicado a enseñar en la Facultad de Derecho de Oviedo ha llegado  el momento de decir adios y es la  ocasión propicia  para "mirar atras sin ira" y hacer un balance de todos estos años; ¿que he dado y que me ha dado la Universidad?.

Creo que tengo suficiente legitimidad para dar mi opinión sobre lo que ha sido, es y será la Facultad de Derecho y la conclusión final no puede ser, para mi, buena: He pasado por todas las categorías de profesor, desde Ayudante con 21 años(curso 1964/65) hasta Catedrático de Derecho Civil; no he tenido mucha suerte ya que no me tocó nunca la lotería de los sistemas actuales de acceso al  Profesorado; siempre con oposiciones a nível nacional (adjunto, agregado y catedrático) y no como ahora en cada Facultad; no tengo duda alguna- aunque a muchos les moleste- que el sistema de selección ha ido a peor con el efecto de peor calidad en la enseñanza.

He padecido la ingratitud de muchas personas que me deben -así como suena y por duro que parezca- el medio de su subsistencia personal y que en la primera ocasión que tuvieron para mostrar un mínimo de gratitud la desperdiciaron; no los olvido ni les perdono; ellos saben -si leen estas palabras- quiénes son. Otros -los menos-, fueron fieles, agradezco su fidelidad y les deseo lo mejor.

Soy consciente de que a muchos no caigo bien en la Universidad, posiblemente sea díficil aceptar que no teniendo dedicación exclusiva, haya sabido organizarme para publicar más de 12 Libros, dirigido muchas tesis doctorales, dado conferencias y publicado numerosos artículos, lo que otros, dedicados exclusivamente, no han hecho. He cumplido siempre con mis obligaciones, sin delegar en nadie y  he hecho, y dicho siempre lo que creía de justicia, error de conducta que me ha perseguido en la Universidad y en la Administración de Justicia.

Debo agradecimiento eterno al hoy recientemente fallecido, D. Manuel Albaladejo, que confió en mi para que fuese Catedrático, a mis antepasados universitarios, a mi familia y a nadie más; me he sentido perseguido injustamente por varios rectores y ayudado por otros  dos, no me he arrastrado para obtener beneficio propio y puedo mirar alto y de frente a cualquiera que se oponga.

He tenido cargo académico y sé cómo funciona por dentro la Universidad, aunque mejor -de momento- no publicarlo; me causan lástima todos los que se creen algo por alcanzar una categoría profesional obtenida con ayudas distintas del esfuerzo personal.

Siento un cierto grado de tristeza al pasar oficialmente a no ser nada, pero creo que puedo todavía ser útil, mientras la salud me respete.

(continuará...)  

La justicia en España

Las últimas noticias sobre el Presidente del Consejo General del poder Judicial ponen de relieve todos los males que padece la justicia desde la LOPJ; no sólo queda al descubierto el  abuso de los fondos públicos en interés personal- lo que ha sido habitual desde años- sino también la inutilidad de tal organismo. Su actuación ha sido siempre en interés de los Gobiernos dominantes y de los amigos de cada uno de los Vocales; basta con comprobar el " curriculum" de los que a lo largo de los últimos 25 años han sido designados como tales para poder concluir que el principio constitucional de mérito y capacidad ha estado ausente como punto de partida.

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