Este mes de noviembre del 2018, marca el comienzo de la destrucción de la organización de la Administración de Justicia española que había comenzado con la constitución del 78. Y los encargados de llevarla a cabo son los políticos con la cobarde colaboración activa de muchos jueces y fiscales, ansiosos de escalar a posiciones donde se cobrase más y se trabajase poco o nada.
Por viejo he sido testigo,- y en parte victima- del sistema instaurado en el año 1985 con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que deroga la anterior forma de elegir los vocales del Consejo de los cuales 12 eran elegidos libremente por los propios jueces y magistrados; procedimiento que el Gobierno Socialista de Felipe González se encarga de eliminar, por medio de su ministro de justicia Fernando Ledesma( desde años Consejo vitalicio del Consejo de Estado), para que sean las Cortes Generales( Congreso y Senado) los que elijan a los 20 vocales.
Desde ese año 1985 no ha habido consejo independiente de los políticos y todo el que aspiraba a promocionarse a puesto relevante, tenía que rendir pleitesia al Gobierno en el poder.; en mis más de 40 años de vida judicial, sólo he conocido un Consejo serio e independiente; el primero, el que presidió Federíco Sainz de Robles , que cesa en el citado año 1985.
Así que dejemos de contarnos mentiras; lo de este mes de noviembre, no es nada nuevo, lleva 33 años de funcionamiento y los jueces hemos consentido que así fuese, cuando debimos impedirlo, pero por cobardía mayoritaria de la carrera judicial , la situación ha llegado al impúdico estado actual; cuando algunos nos oponíamos a que las cosas fuesen de ese modo, sólo recibimos palos y criticas de la mayoría.
He mandado a El Comercio, la semana pasada un artículo sobre la cuestión, espero que se atrevan a publicarlo. Aunque ya no llegaré a verlo, espero que las nuevas generaciones de jueces y fiscales, pongan en su sitio a estos políticos infames que padecemos.
